Con 19 años y a punto de casarse, Stephanie Mateer fue a consultar a un ginecoobstetra situado a poca distancia de su residencia de estudiantes cerca de la Universidad Brigham Young de Provo, Utah.

Quería empezar a utilizar un método anticonceptivo y buscaba orientación sobre cómo mantener relaciones sexuales por primera vez en su noche de bodas que se celebraría en 2008.

Mateer dijo que se sobresaltó cuando el Dr. David Broadbent le metió la mano por debajo de la bata para agarrarle y apretarle los senos, le hizo un tacto vaginal sin avisarle y, a continuación, le hizo un examen rectal extremadamente doloroso.

Se sintió asqueada y violada, pero también le asaltó la duda. Se dijo a sí misma que debía de haber malinterpretado las acciones del médico, o que debería haber sabido que le haría un tacto rectal. Mateer, quien creció como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo que le enseñaron a respetar el liderazgo de los hombres.

“Lo veía como un hombre con autoridad”, dijo Mateer. “Es médico”.

Pasaron años, agregó, antes de que se diera cuenta de que su experiencia contrastaba fuertemente con la conducta que se exige en las normas profesionales, incluida la de que los médicos utilicen solo las puntas de los dedos durante un examen de los senos y comuniquen claramente lo que están haciendo por adelantado para obtener el consentimiento de su paciente. Con el tiempo, le dio otro nombre a su experiencia: agresión sexual.

Los jueces de Utah, sin embargo, dicen que es atención de la salud.

Esa distinción legal significa que los habitantes de Utah que, como Mateer, deciden demandar a un proveedor de atención de la salud por presuntos abusos sexuales reciben un trato más severo por parte del sistema judicial que los demandantes que afirman haber sufrido daños en otros entornos.

La posibilidad de acudir a los tribunales civiles para reclamar daños y perjuicios es una opción importante para los sobrevivientes, afirman los expertos. Aunque una condena penal puede proporcionar una sensación de justicia, ganar una demanda puede ayudar a las víctimas a pagar su terapia y obtener el apoyo adicional que necesitan para recuperarse del trauma.

Mateer expuso sus acusaciones en una demanda que ella y otras 93 mujeres presentaron contra Broadbent el año pasado. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que serían tratadas de forma diferente a otros sobrevivientes de agresiones sexuales.

Presentar su caso, en el que alegaban que el médico del condado de Utah las agredió sexualmente a lo largo de su carrera profesional de 47 años, fue un momento de empoderamiento, dijo Mateer. Pero un juez desestimó la demanda sin siquiera considerar sus méritos, determinando que, dado que el presunto agresor es un médico, el caso debe regirse por las normas de negligencia médica y no por las que se aplican a los casos de agresión sexual.

Según las reglas de Utah sobre negligencia médica, las demandas presentadas por víctimas que alegan que un trabajador de salud las agredió sexualmente valen literalmente menos que las presentadas por alguien que sufrió alguna agresión en otros entornos: incluso si un jurado falla a su favor, se requiere que un juez limite la cantidad de dinero que reciben. También deben cumplir un plazo más corto para demandar.

“Es una locura que un médico pueda agredir sexualmente a mujeres y luego obtener protección por su bata blanca”, dijo Mateer. “Es un precedente realmente aterrador llamar ‘atención de la salud’ a las agresiones sexuales”.

Debido a la decisión del juez, que les deja un plazo más corto para presentar la demanda, algunas de las acusadoras de Broadbent se arriesgan a perder su oportunidad de demandar. En el caso de otras mujeres el plazo ya había vencido, pero esperaban poder aprovechar una excepción que permite demandar si pueden demostrar que la persona que les causó el daño lo había encubierto y si descubren que había sufrido el daño durante el año anterior.

Como grupo, las mujeres están apelando la sentencia ante el tribunal supremo de Utah, que ha aceptado escuchar el caso. Esta decisión sentará un precedente para las víctimas de agresiones sexuales en Utah en el futuro.

El abogado de Broadbent, Chris Nelson, declinó una solicitud de entrevista, pero escribió en un correo electrónico: “Creemos que las acusaciones contra el Dr. Broadbent carecen de fundamento y presentaremos nuestro caso ante los tribunales. Dado que se trata de un asunto judicial en proceso, no compartiremos ningún detalle fuera del tribunal”.

Las definiciones jurídicas de negligencia médica varían de un estado a otro, pero en general esta se describe como un tratamiento que no cumple las normas de atención aceptadas. Eso incluye errores, como que un cirujano deje un trozo de gasa dentro de un paciente.

Utah es uno de los estados con la definición más amplia de negligencia médica, que abarca cualquier acto “que surja” de la atención de la salud. El tribunal supremo de Utah ha dictaminado que un adolescente estaba recibiendo atención de la salud cuando se le permitió escalar una escarpada roca cubierta de nieve como parte de una terapia en la naturaleza. Cuando se fracturó una pierna, solo pudo demandar por negligencia médica, por lo que el caso se enfrentó a plazos de presentación más cortos y topes monetarios más bajos. Del mismo modo, el tribunal dictaminó que un niño que fue lesionado por otro niño mientras estaba en un hogar de acogida también estaba sujeto a la ley de negligencia médica.

A pesar de estas sentencias del tribunal supremo del estado, los legisladores de Utah no se han manifestado hasta ahora en favor de limitar la formulación de la ley de negligencia profesional.

La demanda contra Broadbent, y las cuestiones que plantea sobre la amplitud de las leyes de Utah en materia de negligencia médica, se produce en un momento de reflexión nacional sobre la forma en que las leyes tratan a los sobrevivientes de agresiones sexuales. En respuesta a la creciente comprensión cultural del impacto del trauma y las barreras para denunciar, los legisladores de varios estados han estado reformulando las leyes para dar a las víctimas de agresiones sexuales más tiempo para demandar a sus agresores. Incluso en Utah, las personas que sufrieron abusos sexuales de niños ya no enfrentan un plazo para presentar demandas contra sus agresores.

Esto no ocurre con los abusos sexuales en el entorno médico, donde los casos deben presentarse en un plazo de dos años a partir de la agresión.

Estos obstáculos más altos no deberían existir en Utah, dijo el senador estatal Mike McKell, un republicano del condado de Utah que trabaja como abogado especializado en daños personales. McKell está intentando cambiar las leyes estatales para garantizar que las demandas por agresión sexual no formen parte de la Ley de Negligencia Médica de Utah, una ley diseñada para cubrir la negligencia y la mala atención, no necesariamente las acciones deliberadas como una agresión.

“La agresión sexual, para mí, no es atención médica, y punto”, dijo. “Es triste que tengamos que aclarar que las agresiones sexuales no son atención médica. Pero tratar de vincular la agresión sexual a [el plazo de presentación de] una negligencia médica, eso simplemente está mal”.

“Tu marido es un hombre afortunado”

Mateer había acudido a Broadbent en 2008 para un examen prematrimonial, un tipo de consulta que solo se efectúa en Utah y que suelen programar las jóvenes que forman parte de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Los líderes de esta fe, predominante en Utah, se enfocan en la castidad cuando les hablan de sexo a los jóvenes solteros, y las escuelas públicas normalmente se concentran en la educación sexual basada en la abstinencia. Por eso, para algunos, estas visitas son el primer lugar donde aprenden sobre salud sexual.

Las jóvenes que se someten a exámenes prematrimoniales suelen recibir una receta para anticonceptivos, pero las citas también pueden incluir cuidados que son menos comunes para las mujeres sanas en otros estados, como por ejemplo que los médicos les den dilatadores vaginales para estirar el tejido antes de su noche de bodas.

Eso es lo que Mateer esperaba cuando visitó el consultorio de Broadbent. El ginecoobstetra llevaba décadas ejerciendo en su clínica de Provo, situada entre apartamentos de estudiantes frente a la Universidad Brigham Young, propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Así que Mateer se quedó “totalmente desconcertada”, dijo, por el doloroso examen y por el hecho de que Broadbent se quitó los guantes después del examen y le dijo: “Tu marido es un hombre afortunado”.

Mateer repitió esa observación en su expediente judicial, junto con el consejo que le dio el médico: si sangraba durante el coito, “haz lo que hacen los Boy Scouts y aplica presión”.

“Todo era como si yo fuera un objeto para que mi marido disfrutara y lo dejara hacer lo que quisiera”, dijo Mateer. “Fue muy perturbador y no fue una buena manera de empezar mi relación sexual con mi nuevo esposo, con estas ideas en mente”.

Mateer recordó esa visita a lo largo de los años, sobre todo cuando acudió a otros ginecoobstetras para recibir atención de la salud. Sus siguientes médicos, informó, nunca le hicieron un tacto rectal y siempre le explicaron lo que estaban haciendo y lo que sentiría, y le pidieron su consentimiento.

Volvió a pensar en Broadbent en 2017, cuando el movimiento #MeToo cobró impulso, y lo buscó en Internet. Mateer encontró reseñas de otras mujeres donde describían los exámenes bruscos sin previo aviso de Broadbent que las habían dejado sintiendo lo mismo que ella había sentido años antes.

Entonces, en diciembre de 2021, expresó su opinión en “Mormon Stories”, un podcast en el que las personas que han abandonado o han cuestionado su fe en los Santos de los Últimos Días comparten las historias de sus vidas. En el episodio, describió la dolorosa forma en que la examinó, cómo la dejó traumatizada y su descubrimiento de las reseñas que se hacían eco de su experiencia.

“Está en University Avenue, en Provo, haciendo estos exámenes a quién sabe cuántas ingenuas mormonas de 18 o 19 años que se van a casar... Son ingenuas y no saben qué esperar”, dijo en el podcast. “Su nombre es Dr. David Broadbent”.

Tras la emisión del podcast, Mateer recibió una avalancha de mensajes de mujeres que escucharon el episodio y le dijeron que Broadbent también les había hecho daño.

Mateer y otras tres mujeres decidieron demandar al ginecoobstetra, y en las semanas y meses siguientes, otras 90 mujeres se sumaron a la demanda que presentaron en Provo. Muchas de las mujeres alegan que Broadbent les tocó indebidamente los senos, la vagina y el recto y les hizo daño, sin avisarles ni darles explicaciones. Algunas dijeron que durante los exámenes utilizaba la mano desnuda, en lugar de usar un espéculo o guantes. Una alegó que vio que tenía una erección mientras la tocaba.

Las mujeres alegan que las acciones de Broadbent no eran necesarias desde el punto de vista médico y que, en cambio, “las llevó a cabo sin otro motivo que su propia gratificación sexual”.

En la demanda también se nombró como demandados a dos hospitales donde Broadbent había atendido partos y donde algunas de las mujeres alegan haber sido agredidas. En la demanda se acusó a los administradores de los hospitales de conocer la conducta inapropiada de Broadbent y no hacer nada al respecto.

Después de que lo demandaron, el ginecoobstetra perdió rápidamente sus privilegios en los hospitales donde trabajaba. Broadbent, que ahora tiene 75 años, también ha suspendido voluntariamente su licencia médica en Utah mientras la policía investiga 29 denuncias de agresión sexual presentadas contra él.

Los fiscales aún están considerando si procesarán penalmente a Broadbent. La policía de Provo remitió en noviembre más de una docena de informes a la fiscalía del condado de Utah, los cuales todavía están siendo revisados por un fiscal local.

Un portavoz de Intermountain Health, el sistema de salud sin fines de lucro propietario del Utah Valley Hospital, donde algunas de las mujeres demandantes recibieron tratamiento, no respondió a preguntas concretas. El portavoz subrayó en un correo electrónico que Broadbent era un “médico independiente” que no era empleado del Utah Valley Hospital, y agregó que la mayoría de los supuestos incidentes se llevaron a cabo en el consultorio médico de Broadbent.

Un representante de MountainStar Healthcare, otra cadena hospitalaria citada como demandada, negó tener conocimiento de alguna acusación de conducta inapropiada que se hubiera reportado a su hospital y también subrayó que Broadbent trabajaba de forma independiente, no como empleado.

“Desde que se interpuso la demanda, nuestra postura ha sido que se nos ha incluido indebidamente en ella”, declaró Brittany Glas, directora de comunicación de MountainStar.

Debate sobre si el abuso sexual es atención de la salud

Para las mujeres que demandaron a Broadbent, su caso se reduce a una pregunta clave: ¿Las agresiones sexuales que dicen haber sufrido formaban parte de su atención de la salud? Había muchas cosas que dependían de la respuesta.

Si su caso se considerara negligencia médica, la cantidad de dinero que podrían recibir por concepto de daños y perjuicios por su dolor y sufrimiento sería limitada. Si un jurado les concedía millones de dólares, por ley se requeriría que un juez redujera esa cantidad a $450,000 dólares. En el caso de víctimas de agresiones sexuales en otros entornos, estas indemnizaciones monetarias no tienen límite.

También tendrían que comparecer ante un panel formado por un médico, un abogado y un miembro de la comunidad, el cual decidiría si sus reclamaciones tienen fundamento. Este paso, que tiene el objetivo de resolver los litigios extrajudicialmente, no impide que nadie entable una demanda posteriormente. Sin embargo, sí añade costos y retrasos, y para las víctimas de agresiones sexuales que han pasado por esto, ha representado otra ocasión en que han tenido que describir sus experiencias y esperar que se les crea.

El plazo más breve, de dos años, para la presentación de demandas por negligencia médica también puede suponer un reto especial para quienes han sufrido abusos sexuales, ya que las investigaciones demuestran que es común retrasar la denuncia de este tipo de agresiones.

A nivel nacional, este tipo de reformas en las leyes contra la negligencia se adoptaron en la década de 1970 ante la preocupación, en gran medida impulsada por las compañías de seguros, de que el costo de la atención de la salud estaba aumentando debido a las demandas frívolas y a los “jurados desbocados” que repartían indemnizaciones multimillonarias.

Muchos argumentaron que restringir la cantidad de las indemnizaciones por negligencia e imponer otros límites eran formas eficaces de equilibrar la compensación a los pacientes lesionados con la protección del acceso de todos a la atención de la salud.

Las leyes estatales no suelen pronunciarse sobre si las demandas por agresión sexual deben estar cubiertas por las leyes de negligencia profesional, lo cual deja a los tribunales la tarea de resolver esta cuestión y genera conclusiones diferentes en todo el país. The Tribune y ProPublica identificaron por lo menos seis casos en los que los jueces de apelación estatales distinguieron claramente entre agresión y atención de la salud al considerar si las leyes de negligencia profesional debían aplicarse a los casos relacionados con agresiones sexuales.

Un tribunal de apelación de Wisconsin, por ejemplo, dictaminó en 1993 que el hecho de que un médico tuviera una erección y manoseara a su paciente era un daño intencional, no una negligencia médica.

La ley de Florida es similar a la de Utah y define como negligencia las acusaciones “que surjan” de la atención médica. Aunque en una sentencia anterior se consideró que la agresión sexual en un entorno de salud era negligencia médica, las sentencias de apelación de la última década se han alejado de esa interpretación. En 2005, un tribunal de apelaciones confirmó una sentencia de primera instancia según la cual, cuando un dentista “dejó de proporcionar tratamiento dental a la víctima y comenzó a agredirla sexualmente, sus servicios profesionales terminaron”.

Del mismo modo, un juez federal de Iowa se pronunció en 1995 sobre el significado de “que surja” de la atención de la salud: “La violación no es una actividad de atención al paciente”, escribió.

Sin embargo, la ley de negligencia profesional de Utah es tan amplia que los jueces han estado interpretando que cubre cualquier acto realizado por un profesional de atención de la salud durante la atención médica. La ley se aprobó en 1976 y es popular entre los médicos y otros proveedores de atención de la salud, quienes han presionado para mantenerla en vigor y la utilizan para conseguir que se desestimen las demandas.

Un caso que sentó precedente en Utah demuestra el poder de la ley para salvaguardar a los proveedores de atención de la salud y fue una prueba importante de cómo Utah define la negligencia médica. El adolescente Jacob Scott demandó a WinGate Wilderness Therapy después de fracturarse una pierna en 2015 cuando un guía de excursionismo del centro le permitió subir y bajar por una saliente escarpada en el desierto de Red Rock en Utah.

Sus padres son abogados, y después de descubrir que Utah tenía un plazo de cuatro años para presentar una demanda por lesiones personales, según los expedientes judiciales, decidieron dar prioridad a “lograr que Jacob mejorara” durante los dos primeros años después del accidente. Pero cuando presentaron la demanda de Scott, WinGate alegó que era demasiado tarde, basándose en el plazo más breve, de dos años, para las demandas por negligencia médica.

Los abogados de Scott se burlaron. “Interactuar con la naturaleza”, argumentaron sus abogados, “no es atención de la salud, ni siquiera según la interpretación más amplia de... la Ley de Negligencia Médica de Utah”.

El juez no estuvo de acuerdo y desestimó el caso de Scott. El Tribunal Supremo de Utah confirmó por unanimidad esa sentencia en 2021.

“Estamos de acuerdo con WinGate”, escribieron los jueces, “en que estaba actuando como ‘proveedor de atención de la salud’ y proporcionando ‘atención de la salud’ mientras Jacob hacía excursionismo y escalaba rocas.

El verano pasado, las mujeres que habían demandado a Broadbent y a los dos hospitales vieron por Internet cómo los abogados debatían si los abusos que supuestamente sufrieron constituían atención de la salud.

En la audiencia, los abogados de Broadbent y de los hospitales argumentaron que las mujeres deberían haber presentado una demanda por negligencia médica, para lo cual debían haber notificado primero a Broadbent y a los hospitales que querían demandar. También argumentaron ante el juez Robert Lunnen que el caso no podía seguir adelante porque las mujeres no se habían presentado ante un panel previo al litigio.

Los abogados de Broadbent y de los hospitales argumentaron, uno tras otro, que los dolorosos y traumáticos exámenes que las mujeres describieron se debían a tratamientos de atención de la salud.

“Aceptando los alegatos de la demanda como ciertos, como debemos hacer a efectos de este procedimiento, tenemos que asumir que [Broadbent] hizo algo que era médicamente innecesario, médicamente inapropiado”, argumentó David Jordan, abogado de Intermountain Health.

“Pero eso no cambia el hecho de que es un acto realizado a una paciente, durante el tratamiento de la paciente”, dijo. “Porque eso es lo que la paciente está haciendo en el consultorio del médico. Está ahí para recibir tratamiento”.

El equipo de abogados de las mujeres contraatacó. Terry Rooney argumentó que si las acciones de Broadbent entraban en el ámbito de las leyes sobre negligencia médica, muchas mujeres quedarían fuera del caso debido a la antigüedad de sus reclamaciones, y las que permanecieran verían limitada la cantidad de dinero que podrían recibir por concepto de daños y perjuicios.

“Esto es de lo que se trata en realidad”, argumentó. “Y por eso es preocupante, francamente me deja en shock, que estemos debatiendo a fondo la pregunta de si el abuso sexual es atención de la salud”.

El juez reflexionó sobre el asunto durante meses. Lunnen escribió en su sentencia en septiembre que si las acusaciones eran ciertas, el trato de Broadbent a sus pacientes era “insensible, irrespetuoso y degradante”.

Pero la ley de Utah es clara, dijo. La ley de negligencia cubre cualquier acto o tratamiento realizado por cualquier profesional de salud durante la atención médica del paciente. Lunnen escribió que todas las mujeres habían estado buscando atención de la salud y Broadbent la estaba prestando cuando se produjeron las supuestas agresiones.

La demanda fue desestimada.

“Me sentí derrotada”

Brooke, otra demandante que alega que Broadbent la manoseó, recuerda haberse sentido mal el día de junio en que vio discutir a los abogados. Para este reportaje, pidió ser identificada solo por su primer nombre.

Alega que Broadbent la violó en diciembre de 2008 mientras estaba hospitalizada después de sufrir complicaciones con su primer embarazo.

El hospital más cercano a su pueblo no tenía una unidad especial para bebés prematuros, y los médicos temían que tuviera que dar a luz a su hijo seis semanas antes de lo previsto. Así que Brooke había sido trasladada en ambulancia a través de un paso de montaña en medio de una tormenta de nieve al Hospital Utah Valley.

Brooke y su esposo estaban aterrorizados, explicó, cuando llegaron al hospital de Provo. Broadbent resultó ser el médico de guardia. Con el esposo y el cuñado de Brooke en la habitación, Broadbent la examinó a última hora de la tarde, dijo ella, auscultándole el pecho con un estetoscopio.

De pronto, el médico le agarró los senos, recordó, y sus movimientos hicieron que la bata del hospital cayera y le dejara el pecho al descubierto. En su demanda relató esta experiencia, afirmando que no se parecía en nada a los exámenes mamarios que le han hecho desde entonces.

“Fue realmente traumatizante”, dijo. “Estaba mortificada. Mi esposo y mi cuñado... simplemente no dijimos nada al respecto porque era muy incómodo”.

Brooke expresó su preocupación al administrador de enfermería y le asignaron un nuevo médico.

Poco más de un mes después, dio a luz a un bebé sano en un hospital cercano a su casa.

Al escuchar la sentencia del juez 14 años después, Brooke sintió que la decisión revelaba cómo las leyes de Utah no funcionan.

“Estaba frustrada”, dijo, “y me sentía derrotada... Pensé que la justicia no está de nuestro lado con esto”.

Si el Tribunal Supremo de Utah dictamina que estas supuestas agresiones sexuales deben considerarse legalmente como atención de la salud, es probable que las mujeres vuelvan a presentar sus reclamaciones como una demanda por negligencia médica, dijo su abogado Adam Sorensen. Sin embargo, debido a que el plazo de presentación de solicitudes es más corto, sería difícil mantener a las 94 mujeres en el caso. Solo hay dos mujeres en la demanda que alegan haber sido perjudicadas en los últimos dos años.

El equipo legal de las mujeres tendría que convencer a un juez de que sus demandas aún deben admitirse porque fue solo hace poco que descubrieron que sufrieron daños. Pero basándose en sentencias anteriores, Sorensen cree que las mujeres tendrán más posibilidades de ganar ese argumento si la demanda civil sigue siendo un caso de agresión sexual.

Independientemente de lo que ocurra en su caso legal, la decisión de Brooke y de las otras mujeres de presentar la denuncia podría ayudar a cambiar la ley estatal para las víctimas que pudiera haber después de ellas.

La semana pasada, McKell, el senador estatal, presentó una ley para aclarar que las demandas civiles en las que se alega agresión sexual por parte de un trabajador de salud no entran en el ámbito de aplicación de la Ley de Negligencia en la Atención de la Salud (Health Care Malpractice Act) de Utah.

“No creo que sea algo que esté en duda. La agresión sexual no es atención médica”, afirmó. “Sé que tenemos algunas sentencias extrañas que han emitido nuestros tribunales en Utah”.

Tanto una asociación de abogados litigantes de Utah como la Asociación Médica de Utah, que cabildea en nombre de los médicos del estado, apoyan esta reforma.

“Apoyamos el hecho de que las agresiones sexuales no deben formar parte de la negligencia médica en la atención de la salud”, declaró Michelle McOmber, directora general de la Asociación Médica de Utah. “Las agresiones sexuales deberían ser agresiones sexuales, independientemente de dónde ocurran o quién las cometa. La agresión sexual debería estar en esa categoría, la cual es independiente de la atención de la salud propiamente dicha. Porque no es atención de la salud”.

MountainStar no tiene una posición sobre el proyecto de ley, dijo Glas. “Si las leyes cambiaran a través de nueva legislación o de la interpretación de los tribunales, acataríamos y cumpliríamos esas nuevas leyes”.

Pero a los legisladores se les está acabando el tiempo. Como solo queda una semana y media para que finalice la sesión legislativa de Utah, los líderes del Senado y la Cámara de Representantes estatales han dado prioridad hasta ahora a la aprobación de nuevas leyes que prohíben la atención de la salud para jóvenes transexuales y a la creación de un controvertido programa de vales escolares que proporcionará fondos de los contribuyentes para que los estudiantes asistan a escuelas privadas.

También se esperaba que los legisladores de Utah consideraran un cambio drástico para otras víctimas de agresiones sexuales: un proyecto de ley que eliminaría los plazos de presentación de demandas civiles interpuestas por personas que han sido víctimas de abuso en la edad adulta. Pero ese proyecto de ley se estancó antes incluso de poder ser debatido.

Brooke tenía mucho interés en por compartir su historia, dijo, con la esperanza de ayudar a las cuatro primeras mujeres que se presentaron a reforzar su demanda contra Broadbent. Posteriormente se unió al caso como demandante. En su demanda, leyó acerca de una mujer que se había quejado de él al mismo hospital siete años antes de que ella lo hiciera, y sobre otra mujer que dijo que Broadbent había abusado de ella de forma similar dos días después de que Brooke había expresado su propia preocupación.

“Eso me molestó tanto”, dijo. “No tenía por qué pasarle a todas estas mujeres”.

Brooke duda que pueda obtener reivindicación en un tribunal. La justicia para ella, sospecha, no llegará en forma de una sentencia judicial o un acuerdo contra el médico que dice que le hizo daño hace años.

En cambio, dijo, “tal vez la justicia llegue al cambiar las leyes para las mujeres en el futuro”.